La dirección local de IU, suspendida de sus funciones poco antes de las elecciones, considera que, transcurrido el plazo del que disponía la gestora que la reemplazó para adoptar una resolución, ha recobrado sus funciones. De forma inmediata ha tomado la palabra públicamente exigiendo dimisiones, pidiendo cuentas a la dirección regional y defendiendo el reconocimiento de la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda.
Francisco de Asís Fernández se presentó con sus compañeros de «la dirección legítima de IU de Oviedo» -Nacho Loy, Javier Acera y Mónica Capín- en la sala de juntas de la sede de IU, y declaró que «transcurridos noventa días (de la constitución de la gestora sin que ésta haya adoptado resolución alguna), se entiende que los órganos regulares que estaban suspendidos de funciones recuperan esas funciones».
Los seguidores del líder de IU en Oviedo piden ahora estas dimisiones porque entienden que los órganos directivos locales, "incluído el propio coordinador", han recuperado todas sus funciones una vez que han pasado 90 días desde que fueran suspendidas por la dirección regional. Fernández-Junquera leyó el artículo de los estatutos de IU que establece ese plazo como "improrrogable". Para IU de Oviedo, "esta suspensión fue un golpe de Estado con el ánimo de echar abajo la candidatura local".
Consecuentemente, el repuesto consejo político de IU de Oviedo, con él mismo al frente, se reunió y adoptó una batería de resoluciones que incluye «la dimisión de todos los órganos de la dirección de IU de Asturias», empezando por su coordinador, Jesús Iglesias, y la convocatoria de una asamblea extraordinaria en la que pueda participar «toda la militancia de IU en Asturias», anulando las medidas sancionadoras adoptadas por la dirección regional.
A esas demandas públicas añade también el reconocimiento de que «la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda es la consecuencia del golpe de Estado que se quiso dar a esta organización, y su política no es más que la continuidad de la que venía desarrollando IU de Oviedo».
