El 27 de noviembre de 1998 va a constituir una fecha negra para las arcas del Ayuntamiento de Oviedo, en la Comisión celebrada ese día se tomó la decisión de recurrir la resolución del Justiprecio de Villa Magdalena y fuera del Orden del Día otra, la EXPROPIACIÓN FORZOSA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RODRIGUEZ CABEZAS 3, que puede suponer un pago de más de 4 millones de euros a desembolsar por el Ayuntamiento de Oviedo, es decir, por los ciudadanos ovetenses.
El Concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos, explico que en "esta famosa reunión se acuerda expropiar forzosamente el ámbito de esta Unidad de Gestión y 10 años más tarde, el 14 de marzo de 2008, nos encontramos con 8 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que condenan y obligan al Ayuntamiento de Oviedo a pagar más de 4.000.000 € por la expropiación, sin contar los intereses que desconocemos"
El Concejal informó de que no solo no se había pagado sino que ni siquiera se consignó el justiprecio que en su día dictamino el Jurado de Exporpiación Forzosa, es decir, nos encontramos en una situción jurídica similar a la de Villa Magdalena, en la que los interesados pueden pedir una retasación.
El Concejal también denuncio algo que a su entender no se había dado nunca desde el punto de vista de la Gestión Urbanística, y es que el Ayuntamiento de Oviedo expropió para zonas verdes y viales, quedando las zonas edificables para el interés privado. El método a seguir debe ser el de repartir las cargas y los benefecios cuando existe una parte de suelo pública y otra privada, en este caso "el Ayuntamiento expropia el hueso del jamón, y el jamón se lo quedan los intereses privados"
el Concejal, Roberto Sánchez Ramos, no entiende como el Equipo de Gobierno ha podido ocultar estos datos, a no ser que se tenga la intención de aplazar esta deuda, ya que el Ayuntamiento de Oviedo va a plantear un recurso de casación al Tribunal Supremo por 6 de las sentencias recaídas (no se presentará recurso de casación por las otras dos ya que no superan los 150.000 € que la Ley exige para poder utilizar este recurso jurídico).
Rivi señaló que desde el Grupo Municipal Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda se va consultar al Interventor cual es la deuda real, es decir, el coste de la expropiación más los intereses que se han acumulado durante estos 10 años. Es decir, cuánto dinero saldrá de las arcas municipales, o lo que es lo mismo de los ciudadanos ovetenses.
